El Gobierno rechaza cambiar la ley del indulto para casos de corrupción y seguridad vial

Una iniciativa de Izquierda Plural, defendida por Gaspar Llamazares, pedía cambiar la ley del indulto para vetar esta ‘medida de gracia’, especialmente en casos de corrupción y aquellos delitos contra la seguridad vial con víctimas mortales por conducción temeraria. La propuesta fue apoyada hace dos días por todos los grupos a excepción del PP, que votó en contra, por lo que la iniciativa en cuestión no ha seguido adelante. Ésta ha sido una idea defendida por la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA. Su presidente Francisco Canes pedía precisamente la prohibición de conceder indultos en aquellos siniestros de tráfico en los que hubiera habido fallecidos. Uno de los casos más polémicos ha sido el del conductor kamikaze de Valencia, que tras ser concedido su indulto por el Gobierno y, posteriormente, rechazado por el Tribunal Supremo, deberá entrar en prisión el próximo 21 de marzo.

La polémica ley del indulto está vigente en España desde 1870, una ley que para muchos debe ser ampliamente modificada. Los numerosos casos de corrupción y alguno de los últimos indultos concedido por el Gobierno en temas de seguridad vial han ocasionado que esta ley sea cuestionada.

El objetivo de la propuesta presentada por Izquierda Plural era precisamente que esta ‘medida de gracia’ no pueda decidirse en el Consejo de Ministros en contra del tribunal sentenciador y de que en ningún caso se puedan indultar delitos que “causen alarma social”. Se refieren expresamente a los delitos de corrupción y a los de seguridad vial que hayan causado la muerte por conducción temeraria.

¿La ideal principal? Justificar el porqué del indulto. Desde el PP señalan que ninguno de los que ahora abogan por cambiar la ley lo propusieron en sus programas electorales de 2011. Y es que esta medida de gracia ha sido utilizada tanto por el PSOE en su gobierno como por el PP. En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destaca, por ejemplo, el indulto concedido al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, quien tuvo que hacer frente a una multa económica de menos de 150 mil euros por evitar su estancia en prisión y la suspensión de su ejercicio profesional.

En materia de seguridad vial, destaca el polémico indulto concedido por el Gobierno en el caso del conductor kamikaze de Valencia. El conductor fue condenado por un accidente mortal ocurrido en 2003 en Polinyá de Xúquer, Valencia. El Gobierno le concedió el indulto en diciembre de 2012. Sin embargo, el Tribunal Suprema anuló esta decisión el pasado mes de noviembre.

Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA reclamaron hace unos días que ‘esto no debería de haber sucedido nunca’. Consideran inadecuado que un Gobierno pueda echar por tierra una decisión judicial sin la más mínima justificación. ‘Lo único que se ha conseguido es crear malestar y dudas sobre la validez de someterse a la justicia cuando otra instancia, en este caso el Gobierno, tumba una decisión en firme’, señalaba el presidente de DIA quien concluía reivindicando que nunca se concedan indultos en aquellos siniestros con víctimas mortales.