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La patronal de las aseguradoras UNESPA ha presentado su Memoria social del seguro 2014 y con ella el estudio ‘Dos décadas del sistema para la valoración del daño corporal en accidentes de tráfico’. Entre sus conclusiones destacan que el sector asegurador ha atendido a 9,2 millones de víctimas de accidentes de tráfico desde la creación, hace ahora 20 años, del baremo de automóviles.

En este sentido, el informe presentado destaca que el 36,6% de las víctimas de siniestros de tráfico son personas que han sufrido secuelas permanentes a raíz del accidente. Sin embargo, matizan que la mayor parte de estas secuelas fueron de poca gravedad. Le siguen, por peso, aquellas personas que se vieron implicadas en algún accidente pero que, aunque no padecieron secuelas, sí tuvieron que pasar un tiempo de baja hasta que se recuperaron. Este tipo de lesionados representa el 32,3% del conjunto. Entre tanto, quiénes sólo requirieron asistencia sanitaria y no vieron interrumpida su actividad cotidiana ascendieron al 29% del total de víctimas. El 2% restante lo constituyen las personas que perdieron a un familiar en un accidente de circulación.

En lo que se refiere a las indemnizaciones a raíz del fallecimiento de un ser querido en siniestro de tráfico, UNESPA detalla que hubo 200 mil indemnizados y que unos 110 mil lo fueron por ser hijos del difunto. De estos, 23.000 eran menores de edad en el momento del óbito de sus progenitores. Entre tanto, 64.415 fueron indemnizados por ser padres de la persona malograda en el accidente. El cuadro de afectados lo completan los cónyuges (29.333), los hermanos (20.613) y los abuelos (991).

Llama la atención y es especialmente preocupante que la mitad de las personas que quedaron con secuelas tras un siniestro de circulación tenían entre 18 y 35 años en el momento del suceso, es decir: 1,7 millones de los 3,4 millones de lesionados con secuelas eran jóvenes.

El presente informe realiza detalla, además, que el 46% de los afectados viajaba en turismos, que el 30% eran peatones y un 20% empleaba otro tipo de vehículos (furgonetas, camiones, autobuses…). Por último, un 4% de los grandes lesionados se desplazaba en un vehículo de dos ruedas (moto, scooter o ciclomotor).

Por zonas, las regiones que sufren una mayor cantidad de lesionados con secuelas cada año son Andalucía y Cataluña. ‘Estas comunidades autónomas destacan porque en los periodos vacacionales reciben fuertes aportaciones de población. Además, son territorios extensos y esto provoca que ahí sean frecuentes los desplazamientos interurbanos’, indica la patronal. En este sentido, Castilla y León es una región que, si bien no está en los puestos de cabeza de siniestralidad en cifras absolutas, sí presencia una cantidad relativa de accidentes con lesionados graves superior de la que le corresponde en base a su censo. El informe señala que esto es el resultado de un mayor número de desplazamientos interurbanos fruto de la dispersión de la población entre varios núcleos urbanos de tamaño medio.

En el extremo opuesto se encuentran la Comunidad de Madrid y País Vasco, que presentan índices relativamente más bajos de siniestralidad grave. Son zonas menos extensas y que, en su caso, los núcleos urbanos aglutinan a una proporción elevada de la población local. Esto hace que, tanto en Madrid como en el País Vasco, sean más habituales los desplazamientos urbanos. Por norma general, los siniestros ocurridos dentro de las ciudades tienen consecuencias menos fatales que los incidentes acaecidos en la carretera.

Impacto económico del baremo

El primer Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (así se llama oficialmente el baremo de autos) se puso en marcha en 1995. Desde entonces, este ha sido el instrumento empleado para evaluar las consecuencias para las personas de un siniestro de automoción. Esta herramienta ha estructurado el desembolso por parte de la industria aseguradora de unos 6 millones de euros al día, durante un periodo de dos décadas, destinados a para aliviar los perjuicios de las víctimas de tráfico, según UNESPA.

En total, las entidades han hecho entrega de 49.600 millones de euros en los últimos 20 años. De esta cantidad, 41.000 millones de euros corresponden a indemnizaciones para las víctimas. Los 8.600 millones restantes son los pagos realizados a los servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas y privados. La patronal destaca que las atenciones médicas sanitarias derivadas de los accidentes de tráfico son siempre satisfechas por las entidades aseguradoras, aunque sean prestadas por un centro sanitario de titularidad pública.

Por último, se estima que desde la entrada en vigor del baremo unas 6.500 personas han padecido secuelas extremas y queel seguro ha realizado una transferencia de recursos de 1.450 millones de euros a este colectivo entre 1995 y 2014.

Reforma del baremo

El Grupo de Trabajo ha concluido sus reuniones con un proyecto de reforma del baremo que no contenta a todos. Así, desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA consideran que se trata de un texto que marca grandes desequilibrios entre los diferentes tipos de accidentados. ‘Es un proyecto con luces y sombras para los perjudicados por los accidentes de circulación. Por una parte,  aumentan las cuantías indemnizatorias para un tipo determinado de accidentados, especialmente los muy graves. Sin embargo, por otro lado, las víctimas cuantitativamente mayores se les recortan derechos o se les complica un resarcimiento justo’, ha señalado recientemente Francisco Canes, presidente de la asociación.

Izquierda Unida ha presentado recientemente una enmienda a la totalidad del proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados.

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