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El cumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la seguridad vial en nuestro país. Así lo demuestran los más de 30.000 conductores que han sido denunciados en la última campaña especial de control de velocidad llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico entre el 31 de marzo y el 6 de abril. Un conductor fue interceptado a 237 km/h y bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En los siete días de campaña, los agentes de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado casi 1 millón de vehículos, concretamente 921.375, de los cuales 30.486 (el 3,4%) han sido denunciados por no cumplir los límites de velocidad establecidos.

De los controles realizados,  más de la mitad han tenido lugar en carreteras convencionales (aquellas que disponen de un solo carril en cada sentido) que es donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas.

Desde Tráfico recuerdan que circular a una velocidad superior a la permitida supone cometer una infracción grave o muy grave según estipula el artículo 65 de la Ley de Seguridad Vial. El anexo VI de dicha Ley se establecen las cuantías y los puntos a detraer por exceso de velocidad.

Cuadro elaborado por la DGT:

Además de estar catalogada como infracción grave o muy grave, los grandes excesos de velocidad son delito, tal como recoge el artículo 379 del Código Penal.

De hecho, durante la campaña, cinco conductores han incurrido en un delito contra la seguridad vial al conducir a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora a la permitida en dicha carretera. Uno de los más llamativos tuvo lugar en Alicante, donde agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil interceptaron el pasado día 2 de abril a un conductor que circulaba a 237 km/h y bajo la influencia de bebidas alcohólicas. También  fue detectado otro conductor que circulaba a 160 km/h en un tramo de la N-340 limitado a 60 km/h.

Por estos delitos, los conductores puestos a disposición judicial, podrían ser condenados con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

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