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El Trabajo en Beneficio de la Comunidad es una medida alternativa al ingreso en prisión. Para quienes lo realizan comporta una función reeducativa a la vez que hace algo útil y provechoso para la sociedad.

Son una pena privativa de derechos. Su imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local que, a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. La Administración Penitenciaria supervisará sus actuaciones y les prestará el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz desarrollo.

 

El penado podrá proponer una tarea concreta a la Administración Penitenciaria, como cumplimiento de la pena.

La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para compatibilizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias de los penados con el cumplimiento de la pena. Se trata así de una actividad complementaria, no remunerada, que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral. Cumple también una finalidad restitutiva, a la vez que ejemplarizante e integradora.

Los trabajos  en beneficio de la comunidad tendrán una  finalidad de utilidad pública, y podrán consistir en labores de reparación de los daños causados o de apoyo y asistencia a las victima; o de participación del penado en los talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. La persona sometida a esta medida está obligada a invertir un determinado tiempo en el desarrollo de la tarea que se le ha asignado.

En el terreno de la seguridad vial, El artículo 49 del Código Penal, en virtud de la modificación operada por  Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, faculta el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad a través de la participación del  penado en talleres o programas formativos o de reeducación, entre los que  cita textualmente los de educación vial.

TASEVAL es el taller de sensibilización en materia de seguridad Vial diseñado para el cumplimiento de la pena en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico. Es fruto del trabajo conjunto entre la Dirección General de Tráfico, el Instituto INTRAS de la Universidad de Valencia y la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El objetivo de este taller es promover el cambio actitudinal y comportamental, así como una mayor concienciación sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico para reducir la tasa de reincidencia de los usuarios por delitos contra la seguridad vial.

Según la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial, en 2011 hubo 91.932 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial. Sin embargo, la gran mayoría de condenas que se imponen, en porcentaje superior al 99% no implican un efectivo ingreso en prisión sino que están constituidas por  penas de multas, trabajos en beneficio de la comunidad, prisión en que se suspende la ejecución a condición de someterse a un proceso de reinserción  y privación del derecho a conducir.

Según los datos ofrecidos desde Instituciones Penitenciarias, se computaron en 2011 un total de 46071 entradas de condenas con penas de trabajos en beneficio de la comunidad –TBC- con 3489 pendientes de cumplimiento a 31 de diciembre de 2011 por el programa Taseval.  El porcentaje de ejecución efectiva es por tanto del 90,3%. A través de este programa se promueve la interiorización de pautas sociales de comportamiento en la conducción, se comparten  en terapias o puestas en común del grupo y se concretan en prestaciones de ayuda a la seguridad vial (el seguimiento y aprovechamiento  es del 95% de los apuntados). 

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