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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 21 de febrero el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita con el que se busca ampliar los beneficiarios que puedan acogerse a este servicio. Según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con este proyecto se propone que «nadie quede fuera de los tribunales» por carecer de recursos. En lo que respecta a las víctimas de accidentes de tráfico, quedan dentro aquellas que sufran secuelas permanentes. Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA han señalado que se trata de un ‘reconocimiento muy parcial de los derechos de las víctimas de tráfico’. Indican que, de esta forma, ‘quedan fuera aquellas personas que sufran un siniestro sin graves secuelas y que no hayan tenido culpa alguna’.

Según el mencionado proyecto, entre las personas que se podrán acoger a esta “justicia gratuita” se encuentran las víctimas de accidentes que sufran secuelas permanentes tanto cuando les impidan desarrollar su actividad habitual como cuando requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. La nota indica que ‘esto permitirá reclamar con beneficio de este derecho las indemnizaciones que les correspondan por los daños personales y morales sufridos’.

Quedan así fuera las víctimas que sufran un accidente de tráfico por las imprudencias que otros puedan cometer al volante y que no ocasiones heridas graves. ‘Todas las víctimas de tráfico deberían poder hacer uso de este derecho, el acceso a la justicia gratuita. Muchas van a ser las víctimas de tráfico que no van a poder permitírselo y que se verán fuera de esta posibilidad. Es más, nada se dice de los familiares de fallecidos que igualmente, y de manera grave e irreversible, también son víctimas ’, ha señalado el presidente de DIA, Francisco Canes.

BENEFICIARIOS

El proyecto de Ley aprobado este viernes incluye como beneficiarios de esta justicia gratuita, independientemente de sus ingresos, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, junto a las de consumidores y usuarios, las de discapacitados, los sindicatos y representantes de los trabajadores, Cruz Roja, las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.

Además, el texto aprobado hoy eleva el umbral para que puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950), mientras que antes para poder acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170).

Los colectivos incluidos en la justicia gratuita independientemente de sus rentas son las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

UMBRALES

Desde el Ministerio de Justicia señalan que se incrementen los umbrales hasta ahora vigentes ‘para evitar que pueda verse limitado el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos’. Por ello, el umbral de dos veces el salario mínimo interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39). En los casos en los que el solicitante no forme parte de una unidad familiar el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.

Cuando se den circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de aquellos procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos por la justicia gratuita. El límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).

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