Las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales, tal y como ha aprobado el Consejo de Ministros

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Las numerosas reivindicaciones han hecho que el Gobierno haya dado marcha atrás en sus intenciones sobre la polémica ley de tasas judiciales. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 27 de febrero un Real Decreto-Ley para su modificación. Con esta medida, las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias. Se reconoce así que con la anterior normativa se dificultaba el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Con las tasas judiciales se limitaba enormemente el acceso a la justicia, de tal forma que sólo estaban exentos de pagar ciertos grupos determinadas. Por ejemplo, el 21 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita con el que se buscaba ampliar los beneficiarios que podían acogerse a este servicio. En lo que se refería a las víctimas de accidentes de tráfico, quedaban dentro aquellas que sufrían secuelas permanentes, no así los heridos leves. Algo muy criticado por la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, quienes indicaban que se trataba de un ‘reconocimiento muy parcial de los derechos de las víctimas de tráfico’, ya que  quedaban fuera aquellas personas que sufrían un siniestro sin graves secuelas y que no habían tenido culpa alguna.

Esta medida promovida por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sufrido un revés. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley para la modificación de las tasas judiciales, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias.

Esta supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. ‘Se continúa así trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva’, indican en un comunicado. El objetivo es que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.

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