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La Fiscalía indica en su Memoria de 2015 que viene detectando ‘frecuentes situaciones de indefensión en perjudicados con déficits económicos y sociales’. De esta forma, señala que ‘las víctimas, al sufrimiento derivado de la escasez, unen el de la tragedia y sufrimientos derivados del accidente. Sus necesidades asistenciales no se cubren’. La Fiscalía también cuestiona la dificulta para calcular las indemnizaciones en la reforma del baremo aprobada recientemente en el Senado y que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

En este sentido, la Memoria 2015 de la Fiscalía indica que ‘a las alteraciones sicológicas que puedan originarse en los estados de escasez y dificultad se añade el stress postraumático con diversas modalidades de menor o mayor gravedad nacido del accidente. Las lesiones y secuelas significan para ellas y sus familias la pérdida de trabajo o de opciones en el mercado laboral’. Sin embargo, reconoce que ‘con el esfuerzo de todos, hemos logrado que se abonen las indemnizaciones en un determinado número de supuestos. Aun así las demoras y el ofrecimiento de cantidades desajustadas con las normas vigentes no es aislado y la tarea pendiente es todavía muy relevante con los medios de que disponemos. Recibir las cantidades y asistencia debidas, conforme a Baremo y en los plazos determinados tiene mayor trascendencia y consecuencias para las personas incursas en esta situación de crisis que para las demás’.

Y es que, aunque el Ministerio Fiscal suple cuando es preciso las carencias de la asistencia letrada, al poder ejercitar la acción civil. Eso no ocurre cuando no se tramita procedimiento penal por delito, lo que sucede porcentualmente en casi todos los casos. Inciden que es aquí cuando los perjudicados, en situación de carencia económico-social, pueden verse abocados a una situación de absoluta indefensión.

En la Memoria se hace referencia al informe Foessa-Caritas 2014 donde se destaca que hay un 25,1% de hogares (3,8 millones) en procesos de exclusión social que afectan a 11,7 millones de personas y 5 en situación de exclusión social severa con retrocesos significativos en empleo, vivienda y salud. Las cifras de pobreza económica alcanzan los 700.000 hogares sin ingresos. ‘En estos colectivos reside, por razones meramente estadísticas, un relevante porcentaje de perjudicados por la siniestralidad.’, indican.

Por otro lado, la Fiscalía propone un protocolo de actuación coordinada del Ministerio Fiscal con las compañías aseguradoras y Colegios de Abogados extensible al sector sanitario con el objetivo de que las indemnizaciones y prestaciones sanitarias se satisfagan con prontitud y con estricta sujeción a las previsiones legales. ‘El objetivo primero es que el circuito económico-asistencial sea transparente y se atajen las irregularidades que observamos en el abono de las prestaciones, demoras judiciales y extrajudiciales y fraude al seguro. El Fiscal de Sala promueve la persecución penal de los comportamientos desviados cuando hay indicios de delito. Pero la autorregulación a través de un protocolo nacional es un eficaz instrumento de prevención’, señala.

Respecto a la reforma del baremo recientemente aprobada en el Senado, la Fiscalía denuncia que ‘no se cuenta con una Memoria de impacto con garantías metodológicas’ y que sus peticiones no han sido escuchadas. ‘Los riesgos son que las víctimas de accidentes reciban en su conjunto menos cuantías indemnizatorias que las actuales, en particular por la restrictiva hipótesis normativa sobre traumatismos cervicales que es el concepto indemnizatorio de mayor entidad. La determinación no puede hacerse con supuestos de laboratorio en base a las nuevas normas sino desde la realidad de las negociaciones que se entablarán a partir de la entrada en vigor de la Ley’, destacan.

En las Jornadas de Fiscales Delegados del año pasado se aludió a la necesidad de elaborar un difícil programa informático para uso de los Fiscales. Si es así para el Ministerio Fiscal, para los perjudicados económicamente vulnerables que no gocen de la asesoría de bufetes especializados, ‘la situación puede ser de absoluta indefensión con la consiguiente pérdida para las víctimas y ganancia para las compañías aseguradoras’, denuncia la Memoria de la Fiscalía.  Es tal la incertidumbre y la necesidad de protocolos, previsiones tuitivas y de especialización de todos los operadores jurídicos que piden que la nueva ley tenga una vacatio legis de al menos 2 años.

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