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Los abogados de la familia de Carlos Parra han solicitado al Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza que recurra la decisión del Juzgado de Vigilancia y solicite revocar la concesión del tercer grado a José Ortega Cano. El ex torero salió de la prisión de Zuera el viernes pasado. La familia de la víctima mortal recuerda que Ortega Cano no ha reconocido los hechos, es decir, que iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, que superaba la velocidad máxima permitida y que iba conduciendo temerariamente.

En este sentido, señala que el torero tampoco ha pagado ni un euro por la responsabilidad civil. De hecho, los abogados también argumentan que existe un agravio comparativo con la situación de los demás internos españoles porque “en muy pocos casos y en las circunstancias de Ortega Cano se ha concedido” el tercer grado.  Se pone como ejemplo el expresidente balear, Jaume Matas, quien con una condena de 9 nueves consiguió el tercer grado y luego fue revocado a instancias del Ministerio Fiscal.

Ortega Cano ha pasado en prisión un año y pocos días de la condena de dos años y seis meses de prisión que le fue impuesta. Y es que aunque el tercer grado puede concederse si se ha cumplido la cuarta parte de la condena, también se exigen otros requisitos que no se dan en el caso de Ortega Cano. La familia de Carlos Parra señala así que se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos delictivos y las consecuencias del delito.

También se debe tener en cuenta el abono de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil. En este caso, apuntan que “sólo han pagado la cantidad indemnizatoria establecida en sentencia las compañías de seguro”, mientras que el condenado “no ha pagado ni un euro, cuando la ley le permite hacerlo en concepto de reparación parcial del daño”.

Además, se debe tener en cuenta  el arrepentimiento y la asunción de los hechos por parte del penado. Al respecto, los abogados señala que Ortega Cano, “a día de hoy, no ha reconocido los hechos por los que fue condenado: que iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, que superaba la velocidad máxima permitida y que iba conduciendo temerariamente”.

También piden que se valore que la pena que corresponde al delito de homicidio imprudente en concurso con dos delitos contra la seguridad vial  (de 2 años y medio a 4 años). “Sólo se le impuso la pena de 2 años y medio, es decir, la pena mínima”. “Y si de ésta no va a cumplir ni la mitad, se estaría incumpliendo lo dispuesto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia firme”, remarca el comunicado emitido.

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