Comparte esta noticia:

El magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, ha sido imputado por un posible delito contra la seguridad vial. El juez fue interceptado ebrio y sin casco en su moto en el madrileño Paseo de la Castellana, superando en cuatro veces la tasa de alcohol permitida. El magistrado ha anunciado que presentará su dimisión. Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA han indicado que ‘es algo que un responsable político debe hacer. Los políticos y jueces son los primeros que deben dar ejemplo. No podemos encontrarnos con una persona que juzgue, vele por el cumplimiento de la Constitución o haga política, si en su vida privada no respeta las normas y tiene este tipo de comportamientos irresponsables’.

Durante casi una hora, se realizaron siete pruebas de alcoholemia que no fueron válidas. Finalmente, el juez cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida. El magistrado, designado a propuesta del PP en 2013, presentará hoy su dimisión como miembro de tribunal de garantías.

Los hechos tenía lugar sobre las 7.30 horas del domingo por la mañana cuando agentes de la Policía Nacional pedían juez que se detuviera cuando circulaba en su moto por el Paseo de la Castellana de manera indebida y sin casco, tras haberse saltado un semáforo en rojo. Los agentes avisaron a la Policía Municipal, que se ha personado en el lugar para realizar las pruebas de alcoholemia pertinentes.

Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA  han considerada acertada la dimisión del juez del Tribunal Constitucional. ‘Es lo que tiene que hacer, renunciar a su cargo después de haber cometido una irresponsabilidad de estas características. No olvidemos que ha puesto en riesgo no sólo su vida si no la de todos los usuarios que se hayan podido cruzar con él. No cuestionamos el hecho de que beba, criticamos la decisión de conducir después de haber ingerido alcohol’, indica el presidente de la asociación, Francisco Canes.

El capítulo IV tipifica los delitos contra la seguridad del tráfico, y establece prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años para aquellos conductores que superen la tasa de 0.60 mg/l en aire o 1,2gr/l en sangre.

Comparte esta noticia:

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.