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Ante la proliferación de empresas que ofrecen servicios de coches compartidos en internet, el Ministerio de Fomento ha recordado que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica deben estar previamente autorizados por la Administración.

Ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares, el Ministerio de Fomento ha destacado la necesidad de dicha autorización. ‘Los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia’, indican en un comunicado.

El director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral, ha  aclarado que no se multará a las plataformas para compartir coche o a cualquier entidad que se dedique a ello si cumple con las normativas y autorización correspondiente. Así lo ha explicado hoy ante un grupo de periodistas con motivo de un evento realizado en la Dirección General de Tráfico.

En este sentido, dicho Ministerio hace hincapié en que esta autorización tiene por objeto, entre otros, asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas, circunstancias que no es posible presumir cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración cumplir los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para obtenerla.

Así, se recuerda que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establece que las personas o empresas que materialmente realicen esos servicios con sus vehículos careciendo de la preceptiva autorización, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.

Los usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados incurrirán también en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros y se hace hincapié en que las personas que contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios careciendo de autorización, aunque no los presten por sí mismos, incurrirán igualmente en una infracción muy grave con multa de 4.001 a 6.000 euros (podría aumentar hasta 18.000 en caso ser reincidente).

Destacan, además, que quienes oferten la prestación de esos servicios sin disponer de autorización, tanto si dirigen su oferta de forma individual a un único destinatario como si la hacen pública para conocimiento general a través de cualquier medio, incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 801 a 1.000 euros.

El Ministerio de Fomento, en coordinación con las Comunidades Autónomas, es el encargado de realizar todas las actuaciones de inspección y control precisas y establece, en su caso, las sanciones que corresponden cuando existan conductas contrarias a la mencionada legislación.

Además, añaden que es el Ministerio de Fomento quien traslada a las inspecciones de otros Departamentos (como Empleo o Agencia Tributaria) los posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias para asegurar el pleno cumplimiento de toda la legislación vigente.

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