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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha anulado la normativa europea por la que se permite el intercambio de información entre países comunitarios con el objetivo de perseguir las infracciones en materia de seguridad vial. El Tribunal considera que la medida fue adoptada con una base jurídica equivocada pero indica que se seguirá aplicando durante el plazo de un año para evitar un vacío legal hasta que haya una nueva legislación europea. Esta medida es una de las incluidas en la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entrará en vigor el próximo 9 de mayo en España.

Según la Directiva 2011/82, España debía incorporar a su ordenamiento jurídico esta medida, ofreciendo así la posibilidad del intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico cuando se cometan con un vehículo matriculado en un Estado de la Unión Europea en otro país distinto. Esto es recogido por la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entra en vigor el próximo 9 de mayo. El objetivo no es otro que reducir la impunidad existente en las infracciones que se comenten con vehículos de matrícula extranjera.

En principio, esta decisión del Tribunal de la Unión Europea no debería afectar de ninguna manera a España y a la reforma, ya que existe el plazo de un año para que la UE legisle según el precepto indicado.

Esta ‘persecución’ se realizará especialmente con infracciones graves como el exceso de velocidad, el cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol y drogas y no detenerse ante un semáforo en rojo. También abarca otras infracciones como no utilizar el casco de protección, circular por un carril prohibido y utilizar un teléfono móvil durante la conducción.

La sentencia da la razón a la Comisión Europea (CE), que ya había interpuesto un recurso contra la decisión del Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE de cambiar la base jurídica de la norma. El problema reside en que la actual normativa tiene como base la competencia de la Unión en el ámbito de cooperación policial en vez de regirse por la competencia de la Unión en materia de seguridad en los transportes. El fallo  indica que la norma ‘no guarda relación directa con los objetivos de la cooperación policial, puesto que éstos se refieren al desarrollo de una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, por una parte, y a la prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia, por otra parte’.

Al respecto, la directiva debería haber sido adoptada sobre el fundamento de la seguridad vial ‘ya que, por su finalidad y por su contenido, constituye una medida que permite mejorar la seguridad en los transportes’.

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