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La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico. La norma, que termina así su trámite parlamentario, entrará en vigor el 1 de enero de 2016. De esta forma, se actualiza un sistema vigente desde 1995. Mientras que para muchas asociaciones de víctimas se trata de una reforma suficiente, otras consideran que se ha perdido una ocasión para concretar una reforma idónea para las víctimas.

Desde el Ministerio de Justicia se hace hincapié en que la ‘nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante una rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil. Mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad’.

El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

En los supuestos de fallecimiento,  hay una mejora de la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. También distingue entre perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros y los gastos específicos, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.

En los supuestos de secuelas o lesiones permanentes, se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros. Revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia.

En relación a las lesiones temporales, la norma distingue entre gastos de asistencia sanitaria y otros gastos diversos resarcibles, es decir, todos aquellos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria, como por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etc.

En relación con el tratamiento de los daños patrimoniales, la nueva norma regula las medidas de resarcimiento en concepto de gastos y también se racionaliza el método de cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia por parte de la víctima). La norma contempla los ingresos netos de la víctima y también valora el trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

Se incluye también la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares que ahora se amplían. Así, la nueva norma clasifica los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Considera que éstos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

En este sentido, las indemnizaciones por muerte se incrementan un 50% de media y en un 35% de media las indemnizaciones por secuelas. Las indemnizaciones por lesiones crecen un 12,8% de media.

El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por ser el que más se aproxima a sus principios y características.

Por último, la ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer sugerencias y promover modificaciones al mismo para la mejora del sistema.

La reforma no cuenta con el beneplácito de todos. Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA consideran que con esta reforma del baremo no se garantiza con seguridad que los heridos tengan cubiertas sus necesidades básicas a lo largo de su vida: rehabilitación, ayudas técnicas, necesidades básicas de subsistencia… Y es que  indican que ‘estamos perdiendo una gran oportunidad para elaborar un baremo adecuado y apropiado para las víctimas. No podemos conformarnos con algo que simplemente es mejor que el anterior. Que se aumenten las indemnizaciones a unos grupos no es sinónimo de reparación íntegra y de suficiencia’, ha señalado su presidente, Francisco Canes.

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