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La prohibición de los detectores de radar, los límites de velocidad, el incremento de las sanciones para las alcoholemias positivas, el casco ciclista obligatorio en ciudad para menores de 18… Todos estos temas pertenecientes a la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial han sido abordados este jueves en el Congreso de los Diputados. La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Izquierda Plural ha sido rechazada por 198 votos, 119 abstenciones y 15 apoyos. El Congreso inicia así el trámite de dicha ley, la cual pasará al Senado. ‘El objetivo prioritario del Gobierno y del Ministerio del Interior es reducir la siniestralidad vial y que, en definitiva, el tránsito por nuestras carreteras sea cada vez más seguro’, ha indicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su comparecencia.

El Gobierno ha tenido que defender la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial con la oposición en contra. El ministro del Interior ha sido el encargado de explicar y justificar algunas de las principales polémicas. Así, respecto a la prohibición de los detectores de radar ha reconocido que no hay un consenso total pero ha señalado que esta medida coincide con otros países en el ámbito europeo, como es el caso de Francia. ‘Su finalidad es eludir la vigilancia del tráfico y la velocidad, por lo que no debe ser permitido’.

Tras valorar el tema del casco ciclista en ciudad, el ministro Jorge Fernández Díaz ha querido dejar por sentado que ‘el proyecto de ley no modifica los límites de velocidad. Lo que hace es posibilitar que el Reglamento lo pueda hacer’, ha indicado. Por este motivo, ha añadido que se incluyen dos columnas, para recoger la posibilidad de que se reduzcan en 20 km/h o se pueda elevar a 130 km/h, siempre en las condiciones que se establezcan en el Reglamento. ‘La posición del Gobierno es mantener el límite de velocidad en autopistas y velocidad en los 120 km/h. Otra cosa es que, excepcionalmente y en determinados tramos, se pueda autorizar temporalmente la circulación en 130 km/h’, ha señalado. Así, también ha valorado la reducción de velocidad que se realizará en las carreteras convencionales (carreteras secundarias), llegando a 90 km/h y 70 km/h, dependiendo de la anchura de la calzada. Aquí, ha recordado ‘se produce el 75% de la siniestralidad vial’.

El Grupo Izquierda Plural ha presentado una enmienda a la totalidad, la cual ha sido rechazada. Anteriormente, su representante Ricardo Sixto Iglesias ha argumentado esta acción alegando la falta de determinados tramos legales. Así, ha remarcado la falta de presentación de ciertas memorias respecto al impacto del casco y sobre el impacto económico de la variación del límite máximo de velocidad. Otro de los motivos de esta enmienda, asegura, es porque ‘nos hemos visto con un trámite acelerado’.

Al respecto, el ministro del Interior ha contestado afirmando que ‘se han cubierto los trámites formales’ y que, incluso, se han aceptado informes de entidades donde no era preceptivo. Además, ha remarcado que los 130 km/h no supondrían coste adicional alguno, ya que la señalización se realizará con los paneles existentes.

Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea Urresti, de GV (EAJ-PNV), ha indicado que la modificación de esta ley era necesaria, aunque ha reconocido que la reforma que el Gobierno ha traído no les satisface en su totalidad. ‘No ha habido excesivo diálogo’, ha remarcado. Por ello, presentarán enmiendas en tema de sanciones, notificaciones… Respecto al casco, ha señalado que deben ser los Ayuntamientos lo que digan si debe ser obligatorio o no. En caso de que no dicten nada al respecto, ha invitado a que, sólo entonces, se establezca la obligatoriedad pero para los menores de 15 años.

Desde el Grupo UPyD, Antonio Cantó García del Moral ha acusado a la medida de tener un ‘afán recaudatorio’. ‘La percepción general es que les cuesta más invertir que recaudar’. Con ello, ha invitado a utilizar el dinero de los presupuestos para mejorar infraestructuras y ‘evitar que se produzca una sola muerte más’. Respecto a los 130 km/h, Cantó ha remarcado que ‘no hubo ningún sentido común’ ni cuando se bajó a 110 km/h ni ahora que se incrementa. ‘No veo la movilidad sostenible en esta ley’, ha añadido. Igualmente se ha referido a los controles de drogas afirmando que se debería haber abordado más profundamente. ‘Hay drogas que se mantienen en el cuerpo y que pueden ser detectadas pero que no tienen un efecto sobre el conductor en ese momento’, ha añadido.

A continuación, Jordi Jané i Guasch, de GC-CiU, ha pedido al Gobierno que sea receptivo a las enmiendas que presentan los distintos grupos, así como que se tengan en cuenta las peticiones de asociaciones de víctimas y distintos profesionales. Remarcando la oportunidad perdida de dar importancia a la educación secundaria en la materia, ha señalado que se está alejando a la bicicleta de los núcleos urbanos. ‘Hay que buscar el equilibrio’, ha señalado. Por este motivo, desde CIU se propone que el casco ciclista en ciudad sea obligatorio hasta los 16 años de edad con dos excepciones. Por un lado, cuando el que autoriza para alquilar la bici y tenga la patria protestad diga si quiere o no que su progenitor lleve casco; y en aquellas personas que utilicen la bici como instrumento de trabajo, como pueden ser repartidores. ‘Por razones de seguridad laboral’, ha afirmado.

Respecto a los radares, Jané ha afirmado que se debe anunciar siempre en las carreteras que ese radar está ahí. ‘Hay que ubicarlos en aquellos tramos con mayor peligro, tramos con concentración de accidentes. El mejor radar es aquel que no se dispara nunca’, ha destacado. También ha considerado que en el actual contexto económico, la sanción de 1000 euros por dar positivo en alcoholemia ‘no puede ser indiscriminada para cualquier nivel de alcohol’. ‘Le pedimos una cierta graduación en esa rigidez inicial’, ha apuntado. Por último, desde CIU se ha anunciado que también se pedirá en el trámite de enmiendas que se aborde el pronto-pago, es decir, el 50% de descuento si se paga la multa en el momento pero sin poder recurrir posteriormente. ‘Eso limita los derechos de ese conductor que quiere ahorrarse la mitad de su sanción y que, si lo considera injusta, lo querrá recurrir’, ha remarcado.

Por su parte, Juan Carlos Corcuera, del Grupo socialista (GS) ha hecho hincapié en que ‘las prisas en materia de seguridad vial no son nada buenas’. Se refiere así a la celeridad con la que se ha tramitado la reforma. Corcuera ha criticado la obligatoriedad del casco ciclista en ciudad para los menores afirmando que se trata de ‘una medida en la que todos los expertos sobre la materia, especialmente en País Vasco y Cataluña, han dicho que puede ser contraproducente’. Respecto a la velocidad, ha cuestionado los 130 km/h asegurando que ‘muchos ya pensamos que tienen elegidas las vías donde se pondrá ese incremento’. En materia de alcohol ha propuesta que una de las medidas para perseguir esta infracción sería bajar las tasas permitidas.

Por último, María Concepción Bravo Ibañez, de grupo popular (GP) ha querido hacer hincapié en la necesidad existente de llevar a cabo una reforma de la Ley de Seguridad Vial. ‘Es procedente y oportuna. Nadie puede decir que no se ha debatido en todos los aspectos’, ha remarcado. Como ejemplo ha puesto la edad que se ha fijado en la obligatoriedad para el casco ciclista en ciudad, que ha pasado de ser para todos los usuarios de bici a los menores de 18 años. ‘La idea es sacar esta ley con el máximo consenso’, ha añadido. Bravo ha querido resaltar que ‘la velocidad no se aumenta. Hay un posible aumento en tramos determinados y cuando las condiciones, tanto de trazado como externas, lo permitan’, ha finalizado.

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