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Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA (www.asociaciondia.org) defienden ‘una reforma del baremo justa para todas las víctimas de tráfico, tanto graves como leves, para altos directivos y para amas de casa, para aquellas familias que se ven destrozadas porque han pedido un hijo o para aquellas que han perdido a su cabeza de familia. Todas sufren un dolor y una pérdida irremplazable’. La asociación cuestiona las modificaciones realizadas en la reforma del baremo y lamenta que no se hayan plasmado sus reivindicaciones. En esta nota de prensa, el presidente de Asociación DIA, Francisco Canes, realiza una valoración  de lo que esperában y finalmente no se ha plasmado en la propuesta de reforma del baremo, el perjuicio a las víctimas con la reforma de las tasas y la despenalización de las faltas.

Francisco Canes, presidente de Asociación DIA: “Nuevo baremo con errores antiguos”

“¿Es mejor que el vigente? Es el mantra repetido en forma de pregunta por los miembros del comité de expertos que lo ha creado y demás interesados en su rápida aprobación. Esta pregunta trampa trata de esconder injusticias e intenta, con la excusa de un consenso de técnicos y grupos de interés, hurtar un debate profundo en sede parlamentaria.

Es un trabajo a medias porque permite que se extienda un halo de sospecha sobre ese 95% de víctimas que, según la propia ICEA, ni mienten ni exageran.

Porque permite que los graves lesionados no tengan la seguridad que durante toda su vida tendrán cubiertas las necesidades básicas de subsistencia, de ayuda de tercera persona, de rehabilitación y de ayudas técnicas de manera íntegra.

Porque a los familiares de fallecidos se les incluye a todos en el mismo saco, ahora podrán percibir indemnización hasta familiares con los que uno puede haberse peleado pero en cambio no se garantiza que el núcleo familiar de convivencia y dependencia (el que directamente paga las mayores y graves consecuencias afectivas, morales, sociales, familiares y económicas del fallecimiento) reciba lo necesario durante el tiempo necesario de igual manera que como si no hubiese fallecido. Café para todos gracias al principio de “objetivación” cuando debe primar la “personalización”. Que se aumenten las indemnizaciones a estos dos grupos no es sinónimo de reparación íntegra y de suficiencia.

Con estas dos mejoras no quieren que veamos las montañas y las montañas son las miles de víctimas que dejarán de reclamar lo que les corresponde por las dificultades como las tasas, la despenalización de las faltas, la deficiente justicia gratuita, en fin la privatización de la justicia donde no harán falta jueces, ni fiscales, ni abogados y, por lo tanto, todo se arreglará entre la víctima y la aseguradora con todas las ventajas para el más fuerte. Intenten explicarlo como quieran pero los colectivos vulnerables aun sufrirán mayores injusticias.

Se obliga al perjudicado, cuestión de dudoso encaje con derechos constitucionales, a ceder el cuerpo a un médico de la compañía con la que no se tiene ningún vínculo contractual como sucede con un contrato de seguro de accidentes o vida donde esa obligación se acepta explícitamente por el asegurado. Aquí no son asegurados, son perjudicados y además cuando existen servicios médicos públicos con profesionales plenamente capacitados y, evidentemente, mucho más independientes y difíciles de condicionar que los médicos de parte. El valor del punto, el de la vida, los puntos por las lesiones… han salido de acuerdos a cara de perro y con pocos criterios científicos.

Como víctimas nos felicitamos de la disminución constante de los accidentes de tráfico, de la bajada progresiva de los muertos y lesionados graves en los próximos años. Este hecho será una realidad por los avances técnicos que se incorporarán a la conducción automatizada de vehículos en el mundo desarrollado, avances que eliminarán el error humano y minimizarán el número de siniestros y las consecuencias más graves.

El sector del seguro plantea muy inteligentemente este nuevo baremo; subir indemnizaciones a lo que se disminuirá más rápidamente (fallecidos y grandes discapacitados) y recortar o eliminar las de los 115.000 heridos menos graves o leves que evolucionarán, también a la baja, pero más lentamente. Las cuentas de resultados mejorarán por expedientes que no se abrirán, porque otros no se pagarán pues las víctimas desistirán y un número no menos importantes con indemnizaciones menores que las actuales.

Es necesario recordar el excelente negocio que representan las víctimas y familias para muchos. Con el nuevo baremo y la despenalización esos muchos serán menos; se necesitarán menos jueces para estos asuntos, menos abogados, quizá menos aseguradoras, menos forenses, menos informes… el negocio será menor pero más especializado, caro y concentrado, menos ganarán más, vete a saber si también se trata de eso.

Con todo la clase política asintiendo y sin tomarse la molestia de leer y debatir a fondo algo tan importante para las 125.000 víctimas anuales y sus familias. Es obligatorio y de decencia política un trámite parlamentario y consultivo adecuado y no dar las cosas por hechas antes de que termine la legislatura. Estas prisas no son buenas, la DGSFP debería haberse espabilado en desarrollar su trabajo cuando correspondía y no ahora, con la excusa de la urgencia que da un fin de legislatura, dar por buenas cosas que merecen una gran reflexión.

Las arcas públicas y los cotizantes tampoco salen bien parados pues unos y otros pagarán prestaciones que corresponden a las aseguradoras. El trabajo en el hogar tiene una valoración tercermundista en este nuevo baremo.

A unos gustará más y a otros menos, saldrá con cambios o no saldrá en esta legislatura pero merece mayor atención antes de que entre en vigor, merece un ejercicio de responsabilidad, de participación y reflexión política. Opinamos que si este proyecto de baremo sale adelante así, se está perjudicando a las arcas públicas y despojando de derechos a las miles de víctimas de accidentes y sus familias”.

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