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Son muy comunes los accidentes de tráfico ocasionados por especies cinegéticas que irrumpen en las calzadas al paso de los vehículos y que en muchas ocasiones, por su imprevisibilidad, producen graves e incluso extraordinarias lesiones al conductor y a los ocupantes de los automóviles que circulan por ellas, amparados en el principio de “confianza” en la normalidad del tráfico.

Desde siempre, la responsabilidad del poseedor de los animales o de la persona o entidad que disfruta de su aprovechamiento, en cuanto a los daños causados por los mismos, ha sido incontrovertida partiendo del aforismo “eius commoda eius incommoda”.

El art. 1905 del Código Civil dispone al efecto que:

“El poseedor de un animal o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esa responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo hubiera sufrido.”

Y, fijando doctrina legal, el Tribunal Supremo en sentencia de su Sala Primera de lo Civil de fecha 21-1-86, recuerda que:

“… con precedentes remotos en la romana actio de pauperie (si quadrupes pauperiem feccise dicetur, actio ex lege duodecim tabularun descendit: D,9,1,1) y en la legislación Alfonsina, que ya reguló acerca de “como es tenudo el señor del cavallo o de otras bestias mansas de pecha el daño que algunas dellas fizieren” (Ley 22, título 15, Partida 7ª), el artículo mil novecientos cinco del Código Civil contempla una responsabilidad de carácter no culpabilista o por riesgo, inherente a la utilización del animal, que procede en principio por la mera causación del daño y con exoneración en los singulares casos de fuerza mayor, lo que significa exclusión del caso fortuito, y culpa del perjudicado, en el bien entendido que según se desprende del texto legal y así lo destaca la doctrina, la responsabilidad viene anudada a la posesión del semoviente y no por modo necesario a su propiedad, de donde se sigue que basta la explotación en el propio beneficio para que surja esa obligación de resarcir, como también lo ha declarado la jurisprudencia al analizar los caracteres y los elementos de la figura en cuestión (sentencias de catorce de mayo de mil novecientos sesenta y tres (R. 2699), catorce de marzo de mil novecientos sesenta y ocho (R. 1737), veintiséis de enero de mil novecientos setenta y dos (R. 120), quince de marzo de mil novecientos ochenta y dos (R. 1379) y veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y tres (R. 2195).

… pues como el poseedor del animal responde del daño causado aún en el supuesto de que mediare caso fortuito, obviamente se trata de una responsabilidad objetiva, exigible aunque no exista culpa y por lo tanto cuando el semoviente se evade a pesar de que la cerca o valla reúne las condiciones que se entendieron adecuadas según una previsión ordinaria.”

La citada norma del art. 1905 del Código Civil no es más que la más antigua especificación al caso concreto de los daños causados por animales, del principio general de responsabilidad que consagra el art. 1902 del Código Civil que recoge el tópico “alterum non laedere”, considerado como una verdadera norma constitucional material, incardinada en la propia idea de Justicia, que fija el art. 1 de nuestra Constitución como valor superior del Ordenamiento Jurídico y, específicamente, el art. 9.3 que la constitucionaliza expresamente.

También el Consejo de Estado francés y los más altos Tribunales de otros países, han refrendado el carácter constitucional del principio de responsabilidad en los daños causados a otras personas.

Y nuestro Tribunal Supremo (sentencias 7-11-96, 7-4-98, entre otras), ha proclamado que:

“El art. 1902… se puede estimar como uno de los preceptos emblemáticos del Código Civil, del cual surge la figura de la responsabilidad o culpa extracontractual -también llamada “aquiliana”, por haber sido introducida en el área jurídica por la lex Aquilina del siglo III a. de C.- figura que, en el fondo y forma, está sufriendo una evolución progresiva…”

Nuestro Congreso de los Diputados acaba de aprobar una reforma de la Ley del Tráfico y Seguridad Vial, que, abundando en la línea ya iniciada en la regulación anterior, lleva a consagrar la total irresponsabilidad de los aprovechamientos cinegéticos de caza por los daños causados por sus animales que irrumpan en las calzadas al normal paso de los vehículos.

Parece que toda la evolución jurídica producida desde hace más de 2.000 años quiere ser borrada de un plumazo y, en contra de lo que dicta el sentido de la Justicia y el más elemental sentido común, se fije el principio de “irresponsabilidad del culpable” y de “responsabilidad del inocente”, porque la otra cara de la moneda de esta reforma pretendida es que el conductor del vehículo será siempre responsable, frente a sí mismo y frente a los ocupantes del vehículo, salvo que directamente se produzca la irrupción del animal durante una acción de caza o si la Administración encargada del cuidado de la vía, una vez advertida, no ha reparado su cerramiento o no ha señalizado el peligro por animales sueltos. En la práctica, los conductores que sufran un accidente por esta causa, y aunque no incumplan ninguna norma de circulación, no recibirán indemnización alguna si resultan heridos o sus familias si mueren. Y además, serán también responsables frente a los ocupantes de su coche que resulten lesionados o muertos.

Sencillamente demencial, completamente arbitrario y como tal proscrito por el art. 9.3 de nuestra Constitución. ¿Pero en qué estarán pensando nuestros legisladores para proyectar semejante “animalada”?

Poner por encima una actividad de recreo como es la caza o un animal, sobre una vida humana, como bienes jurídicos a proteger en caso de conflicto, es verdaderamente retroceder en el curso de la civilización, en forma lamentable.

Mucho más sencillo y práctico sería obligar a los titulares de los cotos de caza a concertar un seguro de responsabilidad civil que cubriese los daños causados por los animales provenientes del mismo y a la Administración a extremar la diligencia en el cuidado de los cerramientos de las vías de circulación de vehículos, inspeccionándolos debidamente y, si se quiere, asegurando los efectos dañosos de sus posibles deficiencias. ¡Pero hacer responsable a una víctima inocente es un verdadero despropósito inadmisible!

Se ha de recordar, sin embargo, que ya respecto de la legislación anterior de Tráfico (Ley 17/05 de 19 de julio), que recogía la responsabilidad del titular del coto por falta de diligencia en la conservación del terreno acotado o de la Administración por defectuosa conservación de los sistemas de seguridad de la vía, la Jurisprudencia, aplicó el principio de mayor facilidad probatoria del art. 217.7 de la LEC, por lo que vino a exigir a los titulares correspondientes la carga de la prueba de haber agotado la diligencia exigible en orden al cumplimiento de sus deberes de seguridad y control, haciéndoles responsables en cualquier caso en que no acreditasen su completa diligencia al efecto.

Con este paliativo, los Tribunales han conseguido mantener el principio de responsabilidad dentro de sus cauces habituales en el marco de la Justicia y al margen de la arbitrariedad. Son ejemplos las sentencias de 25-11-13, AP Coruña, Sección 5ª, 8-11-13, AP Coruña, Sección 3ª y T.S. Sala Tercera, 22-9-09, entre otras muchas de distintos Tribunales.

Pero, en cualquier caso, la reforma proyectada, deviene injusta y arbitraria y, por consecuencia, inaplicable con el alcance que se pretende, al entrar en contradicción con nuestro Código Civil, y con nuestra propia Constitución, cuya superioridad normativa vulnera.

 

Artículo publicado en el Diario La Ley nº 8301, de 30-1-14.

 

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